¿Qué es la regla de la carga pública?

¿Cuál es la historia de la regla de la carga pública?

Históricamente, la regla de la carga pública se ha aplicado más como un principio rector que como una norma. Desde 1999, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha hecho determinaciones de carga pública dependiendo de si una persona:

• Recibía asistencia pública en efectivo para mantener sus ingresos (beneficios en efectivo).

• Recibía atención médica a largo plazo a expensas del gobierno de EE. UU.

Para que cualquiera de estas situaciones fuera posible, la persona debía haber utilizado uno de estos beneficios públicos al momento de presentar su solicitud de la tarjeta verde:

• Medicaid u otro programa público para la cobertura de la atención médica a largo plazo.

• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés, o asistencia social).

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

• Asistencia estatal o local (asistencia general).

Como solo las personas con la residencia permanente o la ciudadanía de EE. UU. pueden utilizar estos beneficios de asistencia social, históricamente no era habitual que el gobierno de EE. UU. rechazara las solicitudes de la tarjeta verde sobre la base de la inadmisibilidad por cuestiones de carga pública. 

Durante dos décadas, muchas de las personas que solicitaban la tarjeta verde no debieron preocuparse por pasar la prueba de la carga pública, ya que nunca habían utilizado estos programas de beneficios de EE. UU. Solo debían demostrar que tenían un patrocinador financiero cuyo estatus financiero cumpliera con las guías federales de pobreza (en inglés) para su solicitud, mediante la presentación del formulario I-864, Declaración jurada de patrocinio económico.

¿Qué cambió durante el gobierno de Trump?

En 2019, el gobierno de Trump amplió los criterios de carga pública. En lugar de solo evaluar si una persona solicitante había utilizado la asistencia del gobierno de EE. UU., la nueva regla también comenzó a cuestionar si una persona que solicitaba una visa o tarjeta verde “probablemente” dependería de los beneficios del gobierno en el futuro. Si se determinaba que la persona probablemente recibiría esos beneficios en el futuro, la persona no podía obtener su visa o tarjeta verde.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) autorizó a los funcionarios de inmigración a considerar una amplia gama de factores antes de aprobar una visa. Comenzaron a considerar cuestiones como la edad o las afecciones médicas, y cómo estas influían en la capacidad para trabajar de una persona solicitante. Las personas solicitantes debían demostrar que habían contratado un seguro privado de salud antes de ingresar a Estados Unidos.

Los funcionarios de inmigración también consideraban el tamaño de la familia. Se consideraba que era más probable que las personas solicitantes con familias más grandes se convirtieran en una carga pública. Su dominio del inglés y sus antecedentes laborales y educativos también se convirtieron en un factor de análisis. Por primera vez, los funcionarios del DHS verificaron las calificaciones crediticias, los historiales de crédito y los pasivos financieros para determinar la situación financiera de las personas solicitantes.

Ampliación de los criterios para determinar los beneficios públicos

Como parte de las modificaciones a la regla, el alcance de los criterios para determinar los beneficios públicos que resultarían en una declinación también se amplió. Además de recibir asistencia social y atención médica subsidiada a largo plazo, utilizar uno o más de los siguientes beneficios públicos por 12 meses o más en total tornaría a las personas solicitantes inelegibles para obtener la tarjeta verde sobre la base de la causal de inadmisibilidad por carga pública:

• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

• Asistencia para la vivienda conforme a la Sección 8.

• Cualquier asistencia para la renta o subsidio público federal para la vivienda.

• Medicaid para situaciones que no fueran emergencias, excepto las mujeres embarazadas y madres que consultaran un médico dentro de los 60 días del nacimiento del hijo; personas con discapacidades y niñas o niños menores de 21 años.

Antes del cambio en la norma, las personas sin ciudadanía podían utilizar estos beneficios en forma legal, y muchas lo hacían. El DHS no sancionaba a los hijos, hijas o cónyuges de las personas que solicitaban la tarjeta verde. Sin embargo, si una persona solicitante utilizaba dos de los beneficios públicos adicionales en un mes, el DHS lo consideraba como dos meses de uso de los beneficios públicos.

Requisito de recursos financieros personales

La nueva regla de la carga pública también agregó el requisito de los recursos financieros personales. Para cumplir este nuevo requisito, todas las personas que solicitaban el ajuste de estatus debían completar el formulario I-944, Declaración de autosuficiencia, y presentarlo además del formulario I-864 existente. En lugar de tener que demostrar únicamente que un familiar o patrocinador tenía recursos financieros, ahora las personas solicitantes debían demostrar su propia capacidad de cubrir los ingresos mínimos.

Los ingresos del hogar de las personas solicitantes debían cubrir al menos un 125 – 250 % de las guías federales de pobreza (en inglés). El gobierno tenía una fuerte preferencia por las personas con ingresos por sobre el 250 %. Si tus ingresos eran superiores al 250 %, se consideraba menos probable que te convirtieras en una carga pública. Cumplir con este nuevo requisito financiero personal se volvió un desafío para las personas solicitantes que provenían de familias inmigrantes de bajos recursos, que antes solo necesitaban que su patrocinador cumpliera con los requisitos de ingresos para la solicitud.

En cuanto a las personas que solicitaban la tarjeta verde a través del trámite consular, el Departamento de Estado les comenzó a exigir que completaran el formulario DS-5540, Cuestionario de carga pública. Los funcionarios consulares revisaban el cuestionario para asegurarse de que las personas que solicitaban un visado de inmigrante no hubieran utilizado beneficios públicos en el pasado. Tanto para el ajuste de estatus como para el trámite consular, las personas que solicitaban la tarjeta verde debían sortear obstáculos que no habían existido antes.

¿A quiénes afectó la regla de la carga pública del gobierno de Trump?

La nueva regla de la carga pública del gobierno de Trump solo se aplicó a las personas que intentaban obtener un nuevo estatus de inmigración. No se aplicó a titulares de la tarjeta verde que no intentaran adquirir la ciudadanía y no se aplicó a las personas con la ciudadanía de EE. UU. De todas formas, la regla era más estricta para las personas inmigrantes que para las no inmigrantes.

Solicitantes de la tarjeta verde

La nueva regla de la carga pública se aplicó a casi todas las personas que estaban solicitando tarjetas verdes o la residencia permanente legal. Si solicitabas una tarjeta verde basada en la familia (en relación con una persona con la residencia permanente legal o la ciudadanía de EE. UU.) o una tarjeta verde basada en el empleo, debías pasar la prueba de la carga pública.

Si tenías una visa U o una visa T, la nueva regla de la carga pública no te afectaba. Tampoco afectaba a las personas refugiadas, asiladas, inmigrantes especiales juveniles o víctimas de la violencia doméstica (personas que presentaban peticiones en el marco de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés).

Solicitantes de la ciudadanía

La nueva regla de la carga pública no afectó a muchas personas que solicitaban la ciudadanía, porque no eran elegibles para los beneficios públicos que se consideraban para las determinaciones de la nueva carga pública. Una persona inmigrante con tarjeta verde solo podía convertirse en una carga pública dentro de los primeros cinco años de la obtención de la tarjeta verde. Si recibía beneficios públicos durante ese período por un motivo que existiera desde antes de obtener la tarjeta verde, el gobierno la consideraría una carga pública. Los siguientes dos ejemplos te pueden ayudar a comprender esta regla.

Ejemplo 1

Juan estaba desempleado cuando recibió la tarjeta verde. El desempleo de Juan continuó, y comenzó a recibir SSI y TANF después de obtener la tarjeta verde. El gobierno podría considerar que Juan es una carga pública, porque el motivo por el que recibió beneficios públicos ya existía al momento en que obtuvo la tarjeta verde.

Ejemplo 2

Juan estaba trabajando a tiempo completo cuando recibió la tarjeta verde. Juan perdió el trabajo a causa de la pandemia de COVID-19, después de haber recibido la tarjeta verde. Luego comenzó a recibir SSI y TANF. El gobierno no podría considerar que Juan es una carga pública, porque el motivo por el que recibió beneficios públicos no existía al momento en que obtuvo la tarjeta verde.

¿La regla de la carga pública del gobierno de Trump sigue activa?

No, la regla de la carga pública que implementó el gobierno de Trump ya no está activa. El 2 de noviembre de 2020, el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Norte de Illinois anuló la regla. Esto significa que las personas que solicitan la tarjeta verde ya no tienen que presentar ni el formulario I-944 ni el DS-5540. A partir del 9 de marzo de 2021, el DHS retomó su interpretación de la regla de la carga pública previa al gobierno de Trump, es decir, como un principio rector y no como una norma restrictiva reforzada.